Creo que mi ciudad ya no tiene consuelo
entre otras cosas porque me ha perdido
Mario Benedetti
Ese caos de movimiento,
de donde la muerte llega al galope
de todas partes a la vez
Charles Baudelaire
Cuando se nos pregunta cuál es uno de los mayores problemas que podemos encontrar en Lima hoy en día, una de las respuestas que brindamos, de forma automática casi, es el transporte público. Ya sea por la peligrosidad asociada a un viaje de un punto a otro de la ciudad, la incomodidad que sentimos mientras nos trasladamos al destino deseado, el servicio descortés y vulgar que recibimos, la suciedad de las unidades, el tiempo valioso que perdemos de forma inútil, entre otras cosas, siempre tendremos más de una respuesta de carácter negativo. Sentimos que nuestra queja tiene validez y que alguien debe corregir el problema que nos afecta. La alcaldesa, el presidente, los congresistas, los choferes o los cobradores. Siempre es alguien más quien tiene que hacer algo para solucionar esta situación caótica que padecemos a diario. No es lo común analizar reflexivamente el porqué se da esta situación. Incluso miramos a los transportistas como seres humanos incorregibles que no quieren hacer algo por mejorar el transporte y que deambulan como trogloditas en sus carros buscando atiborrarlos con pasajeros, quedándonos en la corteza del contexto, no buscando las causas últimas como dicta la razón al momento de perseguir soluciones. Según un estudio que llamó nuestra atención, pasamos aproximadamente entre tres y seis años de nuestra existencia usando el transporte público, por lo tanto es parte de nuestras vidas y no podemos ser indiferentes ante ello. Es nuestro deber como parte activa de la sociedad trazarnos como objetivo el evaluar qué sucede realmente detrás de este servicio y proponer una solución integral.
No basta con centrarnos en cifras y estadísticas, sino que debemos ahondar en varios aspectos que vayan más allá de las deficiencias técnicas correspondientes. Remontándonos en la historia, durante el siglo XX Lima tuvo un crecimiento demográfico exponencial de forma desordenada que terminó por desbordar cualquier plan delimitado que se pudiese haber propuesto. No se tomaron factores como la inmigración a gran escala desde pueblos del interior del país en las décadas del 60, 70 y 80 que dieron origen a los llamados “conos” que se encontraban en la periferia de la ciudad formal , si entendemos a esta como la conformada por los distritos tradicionales. Estos pobladores si bien asentaron sus precarias viviendas en los sectores más alejados de la ciudad, se trasladaban hacia el centro de la ciudad y alrededores para cumplir sus faenas laborales, lo cual incrementó su necesidad de transportarse en trayectos largos que en muchos casos, atravesaban Lima de un punto a otro. Esto desbordó la oferta brindada sin otorgarse una solución efectiva que cubriera esta demanda por parte de las autoridades. Los tranvías desaparecieron al igual que los llamados grandes buses (Ikarus) posteriormente. La inacción del Estado al no poder encontrar una solución efectiva hizo que durante la época de Alberto Fujimori, se liberalizara el mercado del transporte público para que el sector privado cubriera el exceso de demanda por su cuenta mas esto no se realizó como se hubiese querido y si bien es cierto, empezaron a circular vehículos de uso masivo en rutas que no se habían tomado en cuenta, las nuevas facilidades sirvieron como plataforma a una informalidad en la creación de nuevas empresas que se aprovecharon de los vacíos legales que la normativa brindaba. Muchas empresas se hicieron de la concesión de nuevas rutas, pero no tenían una flota de vehículos propios, así que mantenían tratos con los dueños de los vehículos y así se desligaban de las responsabilidades vinculadas con los choferes y cobradores que hacían uso de estos medios de transporte.
Esto fue la génesis de las llamadas “empresas cascarón”.Por ejemplo, si ocurre un accidente de tránsito con heridos y muertos, no se puede inculpar directamente a la empresa a la que se le había concesionado la ruta en cuestión porque no era propietaria de los vehículos y tampoco cubría los daños que se daban, no existiendo vínculo contractual claro entre los operarios y los accionistas de la empresa principal. Eventos como el anterior son indicios de la distorsión que se da en todo este sector, lo cual termina afectando a los mismos operarios que terminan siendo víctimas del sistema al cual pertenecen. Un sistema bajo el cual no gozan de los beneficios laborales que deberían percibir de acuerdo a estándares legales y éticos. Realizan sus actividades diarias bajo la premisa que deben generar los mayores ingresos posibles sin importar la mayor parte del tiempo los medios que se utilicen para lograrlo. Muchos no lo saben, pero los choferes y cobradores en su mayoría no reciben un sueldo fijo mensual, sino que perciben una comisión nimia de los ingresos monetarios que reciben por el cobro de los pasajes. Eso hace que privilegien el fin sobre los medios para lograrlo, siendo esa la explicación que muchos no encontraban sobre el porqué realizan maniobras temerarias en las autopistas, sobrepasen el límite permitido de personas que deben ir en un vehículo, no paguen las multas con las que se le sanciona, entre muchos otros hechos similares que encontramos deplorables. Su concepción se vuelve utilitarista al igual que el de los agentes a los que rinden cuentas como los propietarios de los vehículos y los accionistas de las empresas dueñas de la ruta que son los que menos riesgos toman y terminan llevándose la mayor parte de las ganancias. Un problema de deshumanización del servicio en todo el proceso y que termina perjudicando a todos. Pero si es un problema que data de años atrás cabe preguntarse ¿Qué acciones han tomado las autoridades desde aquella deficiente reforma de los noventa?
Buscando responsables
Como dijimos inicialmente, la mayoría de nosotros asociamos la culpa del caos en que se encuentra sumido el transporte público a los transportistas, pero también a las autoridades, las cuales sentimos no realizan de forma correcta las funciones para las cuales se las eligió como nuestros representantes. Los sentimos como abúlicos e indiferentes a esta situación y que solo realizan acciones persiguiendo un afán demagógico o populista para captar votos de vez en cuando. El Estado es un agente importante a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la Policía Nacional, que representan al Poder Ejecutivo; el Congreso, que emite leyes referentes al sector; y el Poder Judicial, que dictamina las sanciones y multas correspondientes por la trasgresión o incumplimiento de estas últimas. Pero la cara más visible y activa es la de la Municipalidad Metropolitana de Lima que es la que los transportistas refieren automáticamente cuando se les interroga como la autoridad más próxima a ellos, es la que vela por el ordenamiento del sector en la ciudad de manera más directa. En las últimas décadas, este organismo ha dedicado mayores esfuerzos a otros campos de su competencia en detrimento de lo que se pudo hacer en transporte. Ello porque enfrentarse a los gremios de transportistas genera riesgos políticos que las autoridades no quieren asumir y a lo más, se ha recurrido a dar ordenanzas y normas que atacan cuestiones no tan esenciales y de forma no de fondo. Incluso muchas propuestas a pesar de tener el consenso de la mayoría queda en letra muerta por la falta de control eficaz de sucumplimiento o porque los funcionarios que deben supervisarlas se dejan tentar por actos de corrupción que entorpecen y ponen trabas. Las municipalidades distritales tampoco quieren asumir su responsabilidad lo cual termina perjudicando una acción que una esfuerzos en pos de un mismo fin. Entonces surge naturalmente el cuestionamiento de qué se puede hacer si las autoridades no han logrado en los últimos años que mejore de forma significativa este desorden imperante y los transportistas se encuentran enquistados en una informalidad de la cual aparentemente no quieren salir.pa del caos en que se encuentra sumido el transporte público a los transportistas, pero también a las autoridades, las cuales sentimos no realizan de forma correcta
¿Hay luz al final del túnel?
¿Todo está perdido entonces? Creemos que no, que el escenario de desesperanza que parece inundarnos al momento de proponer soluciones se debe porque en realidad no se han brindado todas las alternativas posibles. A lo largo de estos años se ha persistido en enfrentar el problema de la manera más técnica e impersonal posible quedándonos en un enfoque analítico, creyendo que con grandes megaproyectos como el Metropolitano o el tren eléctrico son las únicas vías posibles o que mayores sanciones disuadirán el comportamiento agresivo de choferes y cobradores. Y esto no puede seguir visualizándose así porque se trata de un problema de personas, lo cual implica que debemos salir del paradigma moderno y superficial y ahondar en el lado humano. Comprender que los transportistas sobreviven bajo un régimen indigno y denigrante en el cual se mueven a diario. Su perspectiva sobre el servicio que brindan debe cambiar, pero primero el clima laboral en el que transitan. Los accionistas y dueños de las rutas y de las flotas deben comprender que no pueden seguir “sacándole la vuelta” a las normas y que no tratan simplemente con buses y micros, sino con personas con las cuales tienen un compromiso. Deben saber que a largo plazo el sistema informal que impera hoy en día es una bomba de tiempo insostenible y que si persisten es sus actitudes retrógradas afectan el bienestar no solo de los trabajadores que tienen a su cargo sino el bienestar de la sociedad en general. La formalidad debe terminar siendo la principal vía alternativa de solución ya que es la que genera mayores beneficios no solo cuantitativos sino cualitativos y que tiene efectos más duraderos, a pesar que tenga escollos en un comienzo. Y cuando nos referimos a escollos podríamos mencionar acciones como la desaparición de combis y vehículos obsoletos que no solamente son incómodos sino que ponen en riesgo la vida de las personas. Sabemos que esto puede causar perjuicios económicos a corto plazo, pero es necesario. Además llevaría a que las pequeñas empresas que pululan al margen de la ley puedan unirse y formar empresas más grandes y sólidas que brinden todos los beneficios a sus empleados. Las autoridades deben reorganizar el sistema laboral existente y esperamos que la Gran Reforma del Transporte que está emprendiendo la Municipalidad Metropolitana de Lima y que es una de sus banderas de su Plan de Gobierno se lleve a cabo, sin causar un efecto negativo en la situación de los choferes y cobradores. Estas mejoras no surtirían efecto si los transportistas no ponen de su parte, por lo que se debe capacitarlos y hacerles ver que sus acciones tienen implicancias en otras personas. Que no es un servicio cualquiera el que brindan y que son responsables de muchas vidas durante las labores que realizan. Y para que todo no quede en simples palabras, se puede brindar incentivos en un primer momento como la disminución de impuestos a aquellas empresas que cumplan con otorgar un régimen de trabajo acorde con estándares normativos, facilidades de crédito para renovar sus flota, leyes que se apliquen de forma gradual y secuencial para no presentar la formalización de forma terrorífica, entre otras.
¡No nos lavemos las manos!
Pero como dijimos en la introducción de este artículo, no se trata de que el rol por mejorar la situación recaiga solo en las autoridades y transportistas sino debemos cuestionarnos ¿Y nosotros que podemos hacer? Mucho es la respuesta. A veces de forma inconsciente favorecemos que este sistema con grado de formalidad muy bajo persista con acciones que pueden parecer intrascendentes de forma aislada pero que en su conjunto sondeterminantes. Acciones como incumplir las normas que se dan para los peatones como respetar los paraderos establecidos, aceptar el ponernos en riesgo por una cuestión de facilidad al momento de transportarnos, menospreciar a los operarios del transporte de forma despectiva y denigrante insultándolos, no alzando nuestra voz de protesta ante un mal servicio. En esto último es importante recalcar que la indiferencia que mostramos ha hecho que se acumulen años de deficiencia en el sector. Terminamos por acostumbrarnos a lo rutina y el mal servicio tomándolo como ya dado y sintiendo que no podemos hacer nada. Debemos ser agentes de cambio. También debemos llamar al apoyo del estado para que se fomente una cultura urbana más fuerte y exigente. Una cultura que permita elevar el nivel de educación de las personas y así poder fomentar el buen uso de estas herramientas brindadas por el sistema de transporte. Además, esto aseguraría que el nivel de servicio esperado por los consumidores y los futuros consumidores se eleve y así las empresas se vean obligadas a ofertar un servicio de mejor calidad, como colocar vehículos en mejores estados, estandarizar la flota y volverla propia. Sin embargo no debemos olvidar que necesitamos entender que las reformas que las autoridades puedan aplicar no tendrán ningún eco si no colaboramos y ponemos de nuestra parte también, concientizándonos que es una tarea de todos. Una perspectiva más humana e integral debe ser la enmarque este conjunto de soluciones.
Libros y documentos que podrías revisar sobre el tema:
- Bielich, C. (2009) La guerra del centavo. Una mirada actual al transporte público en Lima Metropolitana. CIES e IEP, Lima
- Defensoría del Pueblo (2008) Informe Defensorial 137. El transporte urbano en Lima Metropolitana: Un desafío en defensa de la vida. Defensoría del Pueblo, Lima
- Lima Cómo Vamos (2012) Encuesta Lima Cómo Vamos 2012. Informe de percepción sobre calidad de vida. Lima Cómo Vamos, Lima
- Vega Centeno, P., Dextre, J. y Alegre, M. (2011) Reestructuración y cambio metropolitano. Pontificia Universidad Católica del Perú y Pontificia Universidad Católica de Chile, Lima.
- UITP (2003) Por una mejor movilidad urbana en los países en desarrollo: Problemas, Soluciones y Realizaciones ejemplares. Dic 2003.
Autores: Sebastian Uribe, Luis Injoque y Rodrigo Díaz
Otras explicaciones sobre el tema
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